Reportaje publicado en www.elpais.es
Siete de cada 10 leyes orgánicas que se han aprobado en el Parlamento a lo largo de la democracia han contado con el consenso del principal partido de la oposición. Las educativas, cero. Y se han aprobado 11. La educación se ha convertido en lucha ideológica, los debates son encarnizados y las polémicas abren profundas heridas históricas, religiosas, lingüísticas, morales y de poder. La víctima: la calidad.
El 71% de las leyes orgánicas cuenta con consenso. De las educativas, ninguna
Los obispos ya se manifestaron hace 25 años contra una ley de educación
Estos debates distraen sobre los verdaderos problemas
La polémica sigue en las comunidades con la historia o las lenguas oficiales
El uso político de la educación se ha acusado a lo largo de la democracia a medida que los objetivos mínimos sobre los que es difícil discrepar, como la plena escolarización, se han ido cumpliendo. En otros países, como el Reino Unido o Francia, el enfrentamiento político por la educación está también a la orden del día. Pero en España esto incluye un elemento clave y diferente: la intervención de la Iglesia, con toda su influencia social, para luchar por no perder su poder.
La intromisión ha vuelto a quedar patente con la dura oposición de la Iglesia católica a la nueva asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. Alegan motivos morales. El PP les apoya. Esta alianza ha llegado a una situación extrema en dos comunidades gobernadas por los populares. Raya lo grotesco el caso de la Comunidad Valenciana -donde se enseña la materia, pero en inglés entre un profesor de filosofía o ética y otro de inglés, que hace de traductor- y lo legalmente discutible el caso de Madrid. Esta comunidad está amparando por escrito la objeción de conciencia. En Valencia, los inspectores enviados por la comunidad autónoma para vigilar si los centros imparten la materia en inglés acusaron de "politización" al Gobierno regional y los directores de la mayoría de los institutos se han rebelado contra el Gobierno regional. Auguran un suspenso general este curso para todos los alumnos.
Este nuevo episodio de manipulación de la educación abre claros interrogantes: ¿Es lícito, ético y razonable utilizar la educación como arma política arrojadiza? ¿Ha empezado esta politización a hacer mella en la eficacia del sistema con tantos cambios legales?
El primer aspecto del que se resienten los ciudadanos son los cambios legales. Las leyes que promovió el PP las cambió Zapatero en la pasada legislatura. Rajoy ha dicho que, si llega al poder, eliminará la asignatura Educación para la Ciudadanía, lo que abre la puerta a un cambio legal porque los populares tampoco comparten la filosofía de fondo de las leyes socialistas, basada en la llamada educación comprensiva (un modelo presente, por ejemplo, en Suecia, Finlandia y EE UU), que apuesta por compensar las desigualdades de partida de los alumnos más desfavorecidos.
Estas modificaciones implican cambios en la estructura de las enseñanzas, en las repeticiones de curso, en los contenidos, en los libros de texto... Cada ley viene seguida de una maraña de desarrollos, estatales y autonómicos. España ha tenido desde que empezó la democracia 11 leyes educativas (ocho no universitarias y tres universitarias).
De las 220 normas orgánicas aprobadas en España en la democracia, el 71% ha salido adelante con el apoyo del principal partido de la oposición, según el estudio Consensus and parliamentary opposition: the case of Spain, publicado en 2006 en la revista de Ciencia Política Government & Opposition por Alejandro Mújica e Ignacio Sánchez-Cuenca, que analiza las normas aprobadas hasta 2004. Ninguna era educativa. Tampoco se ha contado con ese apoyo en las dos leyes de 2006 y 2007. En la actualidad, hay tres orgánicas en vigor, una de ellas es la más básica (de 1985), la Constitución de la educación: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) [véase viñeta].
La politización se mantiene en España en alto grado cambiando los argumentos, opina Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, que fue ministro de Educación con UCD (en 1980 y 1981). "Hace 30 años giró sobre si la educación había de ser un 'servicio público, único y laico' o si había que admitir la enseñanza privada subvencionada, con el principio de 'libertad de enseñanza'. Hace unos 20 años (entre 1985 y 1990), la polémica giró en torno a la preparación, aprobación y aplicación de la LODE y la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), con especial discusión sobre la participación y la comprensividad. Agotados estos filones, se encontraron otros muy prometedores como el de las humanidades, la enseñanza de la religión y ahora el asunto estrella (totalmente inadvertido antes) de la Educación para la Ciudadanía, que eclipsa a cualquier otro".
Este ex ministro cree que se trata claramente de una "politización interesada". "Los partidos están convencidos de que obtienen ventajas políticas en el mantenimiento de la tensión con un pretexto u otro. La enseñanza se convierte en campo de tiro o terreno para simulacros bélicos. Cada nuevo asunto que se saca de la chistera actúa como eficaz marcador identitario con cuerda para un lustro o dos".
La utilización política se ve también en las comunidades. Algunas gobernadas por el PP resaltan a menudo la mala situación de la educación pública; otras del PSOE ponen pegas a la concertada religiosa. El País Vasco ha apostado por ambas redes con el objetivo de fondo de euskaldunizar a toda la población. En Madrid, el Gobierno regional ha apostado por impulsar los conciertos. Se ha convertido en la segunda comunidad de España con más concertada (véase gráfico). Y la polémica en Cataluña o en Galicia se produce por el impulso de sus lenguas oficiales.
El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad -que fue director general de Educación de La Rioja durante 12 años y es catedrático de instituto- reconoce también que la educación está cada vez más politizada. "Se está haciendo una instrumentalización de los currículos en función de programas políticos, por ejemplo, sobre historia o geografía, en algunas comunidades".
"Educar es una tarea política en el sentido amplio de la palabra. Otra cosa distinta es cuando se hace una utilización interesada de la educación. No se puede imponer a todos lo que piensan unos pocos. Éste es el error que ha cometido el Gobierno con Educación para la Ciudadanía". Gómez Trinidad expone la posición del PP sobre esta polémica: "Se ha intentado dar como admitido por todos lo que algunos pueden no compartir. Es legítima esa concepción distinta". ¿Sobre qué en concreto? "Hay gente que no comparte que se enseñe que la opción sexual está biológicamente determinada y que lo cultural no influye", responde Gómez Trinidad. "Lo que no se puede decir es que una determinada concepción es la del Estado, esto es lo que defiende el PP, que se pueda objetar si no se está de acuerdo con esto, pero no hemos incitado a la objeción ni hemos incumplido la ley".
Su homóloga del Grupo Socialista en el Congreso y también responsable de Educación en la Ejecutiva del PSOE, Cándida Martínez -que ha sido consejera de Educación de Andalucía durante ocho años-, desdramatiza el problema: "Se habla mucho de esta politización, de la confrontación, pero en el día a día de los centros escolares estas cosas se notan menos, no afectan. Es más un debate mediático o político. Afecta a los centros sólo cuando se dan situaciones como la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés en la Comunidad Valenciana porque se pone al profesorado en una situación complicada y eso sí crea tensión en los centros escolares. Ya va siendo hora de que pongamos en valor los acuerdos que hay sobre cuestiones básicas como la lucha contra el fracaso escolar y apuntar soluciones, no estar resaltando constantemente las diferencias". Esta portavoz socialista en la Cámara baja dice que "el modelo educativo es el que es, es estable y ha avanzado mucho, y es bueno que haya cada vez más acuerdos, pero se están produciendo entre comunidades en la Conferencia Sectorial".
Algunos mensajes políticos están provocando que las familias de las clases medias aparentemente laicas estén llevando a sus hijos a colegios concertados religiosos, porque se dice que los públicos están llenos de inmigrantes y baja el nivel de estudios. "Son mensajes políticos interesados, a favor de la concertada religiosa", opina el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza Julián Casanova. "Detrás de todo hay una utilización política de la religión en un país que ya no es tan religioso como antes pero que tiene cordones umbilicales con ella".
El sociólogo Enrique Gil Calvo resalta, aparte de la influencia de la Iglesia y de los gobiernos autónomos, una cuestión parecida: "La sociedad civil no sólo ha tolerado sino que ha aceptado esta politización. La ciudadanía no tiene una conciencia profunda de para qué sirve la educación. De forma que la clase media progresista no tiene inconveniente en dar a sus hijos enseñanza religiosa concertada porque selecciona según las relaciones sociales y no según la calidad. Piensan que se colocarán en la sociedad por lo mucho que liguen, por la influencia de relaciones que establezcan y esto hace que les sea indiferente si la enseñanza está politizada o no. No tienen voluntad de excelencia sino que lo ven como un instrumento de relación y esto favorece la instrumentalización de la enseñanza por la clase política".
El recuerdo de la época en la que se debatió la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) sigue provocando pesadillas a los líderes socialistas que gobernaban entonces. La Iglesia salió a protestar a la calle. Las imágenes de la época en las que se ve a las monjas y los curas bajando por la madrileña Castellana entre 1983 y 1985 lo evidencian. Ahora, 25 años después, han vuelto a salir contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), sobre todo por Educación para la Ciudadanía.
"Las órdenes católicas habían ocupado la educación de forma masiva por la debilidad del Estado. Ya el Gobierno de UCD encontró mucha resistencia por parte de la Iglesia", explica el sociólogo y político socialista José María Maravall, ministro de Educación en la época de la LODE (entre 1982 y 1988). El 40% de los niños escolarizados en EGB en uno de los últimos cursos del franquismo (1976-1977) estudiaba en congregaciones religiosas católicas. Había 5,5 millones de alumnos ese año, casi tres millones de los cuales estaban en centros católicos. Ya entonces eran subvencionados por el Estado. En las décadas anteriores del franquismo su influencia era aún mayor.
"Hacia 1955, sólo uno de cada cinco centros de enseñanza media pertenecía al Estado, el resto eran sobre todo de los escolapios, jesuitas y dominicos", relata el historiador Julián Casanova. "En esas fechas había 70.000 alumnos en centros públicos en España frente a 170.000 confesionales católicos. Es una cifra ridícula, teniendo en cuenta que la población rondaba los 30 millones de habitantes. Con esa política, desde el Estado y la Iglesia se estimulaba la ignorancia", prosigue Casanova.
En 1970, con la Ley General de Educación (la que implanta la EGB, el BUP y el COU, que toma su nombre del ministro de entonces) se empezaron a construir más colegios públicos, pero la presencia de los centros religiosos era abrumadora y el Estado no tenía medios para construir una red pública alternativa. "Cuando ya sí los tuvo, a finales de los ochenta, se hubiera podido montar una alternativa pública clara", prosigue Casanova. "El PSOE no lo hizo por la presión de la Iglesia y porque tenía que afrontar muchas batallas a la vez: el aborto, el divorcio, la defensa de una sociedad laica, el golpe de Estado [1981], el terrorismo".
Elías Yanes, arzobispo emérito de Zaragoza y ex presidente de la Conferencia Episcopal (1987- 1993), da su visión de esa época en el libro Entrevistas con doce obispos españoles, de Isidro Catela. El religioso hace referencia a la importancia que tiene para la Iglesia mantener "la integridad de su doctrina" cuando se producen conflictos educativos de tipo moral. En los inicios de la democracia, discutían lo que se debía explicar del aborto en las aulas, un debate que, de fondo, tiene cierto paralelismo con el actual sobre Educación para la Ciudadanía: "Fue en la época de Maravall. Se trató del conflicto surgido con los llamados catecismos escolares, que eran en realidad libros de texto en los que se incorporaron casi textualmente las fórmulas del Concilio Vaticano II sobre el aborto. En el ministerio pensaban que en los centros oficiales no se podía enseñar una doctrina que estaba en contradicción con las leyes del Estado. Ése fue el problema de fondo. (...) La Iglesia mantuvo su posición. No hubo voluntad de que de aquella situación salieran vencedores ni vencidos, pero creo que se mantuvo la integridad de la doctrina, buscando expresiones adecuadas para que nuestra postura fuera mejor comprendida".
Maravall recuerda bien esa época: "La Iglesia siempre vio una amenaza en la expansión del Estado. Cuando se extendió la educación obligatoria a los 16 años, en 1990, les preocupaba a cargo de quién se haría", explica. La LODE establecía el sistema de financiación de los conciertos. Éste fue el quid de la cuestión, lo que levantó las quejas de las instituciones católicas. Se regularon a cambio de una serie de obligaciones, las mismas que tenían los públicos: respetar los derechos laborales de los profesores, la libertad de conciencia de los alumnos (no les podían obligar a ir a misa, por ejemplo) y las reglas de admisión de alumnos debían ser las mismas que en los centros públicos.
¿Es posible que algún día se llegue a un pacto de Estado en educación? Iglesia, PP y PSOE dicen que se debería poder lograr. Es en lo único que coinciden. Julián Casanova pone la nota de escepticismo: "Claro que sería posible, ya habría sucedido sin la Iglesia, pero con ella por medio es impensable. En España, la Iglesia está metida en las negociaciones de la educación. En cualquier otro país sería impensable".
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