MOVILIZACIONES CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA. ANÁLISIS DEL COLECTIVO BALTASAR GRACIÁN

La política privatizadora: un curso acelerado de provocaciones

La privatización de los servicios públicos no es un hecho nuevo ni específicamente "madrileño", único ámbito al que algunos quieren reducirlo. Precisamente por su amplia dimensión y gravedad, el Colectivo Baltasar Gracián viene centrando esfuerzos en el análisis y denuncia de su progresivo desmantelamiento, con atención especial a los procesos de privatización en el campo de la enseñanza.

Tampoco es un fenómeno exclusivamente español, porque todos los gobiernos andan empeñados en medidas de regresión sobre conquistas sociales logradas en el periodo inmediato a la Segunda Guerra Mundial. Así, la Organización Mundial del Comercio viene insistiendo en la "liberalización", es decir, el sometimiento a la ley del mercado, de todos los servicios, incluso la salud y la educación, cuya responsabilidad pública siempre se ha defendido como única forma de garantizar a todos derechos sociales básicos. Por su parte, la OCDE y la Unión Europea, como instrumentos para la imposición de tales políticas en su ámbito, intensifican la presión sobre todos los países miembros para que lleven a cabo planes similares, en nombre de la "homologación" de los sistemas y la preservación de la sacrosanta competencia, por encima de cualquier otra consideración. Los diferentes ritmos y alcance de los procesos en curso dependen, sobre todo, de la particular historia y solidez de los sistemas públicos en cada uno de ellos, así como de la resistencia organizada contra su destrucción.

Pero, ciertamente, España puede tener a gala formar parte del pelotón de cabeza y Madrid de convertirse en muy poco tiempo en auténtica avanzadilla del ciclón privatizador. Si la enseñanza pública en la Unión Europea de 27 miembros ha retrocedido del 85,4% en 1998-99 al 79,4% en el curso 2005-06 en los niveles educativos no universitarios, en España estamos ya en el 66%, que se convierte en un 53% en la Comunidad de Madrid, y sólo un 43% en la capital.

El respeto y preservación de la "herencia" franquista, del que son responsables todos los gobiernos de la llamada "transición democrática", han permitido la consolidación y crecimiento -a costa y en contra de la Escuela Pública- de un rentable sector privado y confesional, generosamente subvencionado y amparado por sucesivas leyes educativas desde la LODE de 1985 hasta la última LOE de 2006. Esta es la base y el mecanismo esencial de la privatización de la enseñanza en nuestro país, en relación directa con sucesivas medidas de reforma que provocan la degradación y declive del sector público.

No obstante, aparte de que la composición eminentemente urbana de nuestra Comunidad sea terreno más atractivo que otros para el negocio privado en la educación, y sobre ese marco legal general que lo permite, la política rabiosamente "liberal" de sus últimos regidores la ha convertido en banco de pruebas y punta de lanza del proceso privatizador. Es así como han conseguido destacarla por encima de las demás en una carrera compulsiva de deterioro y destrucción de la enseñanza pública, aunque no les faltan émulos en otras latitudes (véase el proyecto de Ley Catalana de Ernest Maragall).

Los datos son elocuentes. Un estudio recientemente elaborado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga (UGT) resalta la diferencia de la Comunidad de Madrid con respecto a la media estatal en cuanto al porcentaje de alumnos escolarizados en la enseñanza pública y en la privada, desglosada por niveles educativos. Esas diferencias a favor del sector privado son de 11,5 puntos porcentuales en relación a la media estatal en la Educación Infantil, de 13,8 en la Primaria, de 13,3 en la ESO y de 16,8 en el Bachillerato.

Pero, la progresión privatizadora en todos los sectores ha sido más que notable en el último periodo. Tal vez la pugna por el liderazgo dentro de su partido y la pretensión de convertirse en una nueva Margaret Thatcher rediviva han llevado a Esperanza Aguirre a lanzarse a una desaforada y provocadora ofensiva de privatizaciones, sobre todo en la sanidad y en la educación, sin reparar en los medios (maquinaciones para desprestigio de lo público, como en el hospital Severo Ochoa), combinando los modelos autóctonos (centros concertados y religiosos) con los foráneos (gestión privada de centros públicos), mirándose en el ejemplo británico, donde el retroceso de la enseñanza pública ha batido records (del 73,2% en 1998 al 58,6% en 2005).

Algunas iniciativas recientes han colmado el vaso. El decreto 18/2008 sobre requisitos mínimos para el primer ciclo de Educación Infantil apuesta descaradamente por dejar el sector en manos privadas, facilitándole su expansión en condiciones aún más precarias tanto en las instalaciones y la calidad de la atención como en la titulación y remuneración del personal. Haciendo dejación total de la responsabilidad de la Administración para crear centros públicos que acojan la demanda creciente de plazas (más de 30.000 solicitudes rechazadas para el próximo curso), opta por instaurar el "cheque escolar", que no sólo no garantiza la gratuidad sino que sitúa en vías de extinción tanto a los pocos centros de titularidad y gestión pública que quedan (4,4%), como a los públicos ya bajo gestión privada (6%) o incluso a los concertados. Es evidente que resulta más costoso sostener cualquiera de ellos que la mera ayuda, "igual para todos", de un "cheque" que las familias habrán de completar con la cuota que establezca cada centro privado (hoy constituyen el 70,4% del total). Pero, además, otros hechos han puesto de manifiesto la exacerbada inquina contra toda la enseñanza pública y la discrecionalidad con que actúa la Consejería de Educación: el reiterado incumplimiento en la construcción y rehabilitación de centros públicos, dando prioridad en los nuevos espacios urbanizados a los concertados que se ven incentivados, por añadidura, con la cesión gratuita de terrenos públicos; la reestructuración sorpresiva de la formación del profesorado y de los CAPs para establecer un férreo control de sus contenidos ; la reconversión sin más consultas ni razones de varios centros de Secundaria en la Zona Sur; el goteo de cierres injustificados e irregulares de otros como el CP Valle del Oro, el IES San Mateo,.. y, algo inédito hasta el momento, la venta a entidades privadas de un colegio público recién construido, como acaba de suceder en El Álamo.

Cunde la sensación de asistir al atropello impune de todo derecho y al despojo incesante de bienes sociales que nos pertenecen como ciudadanos. La conciencia de indefensión personal y colectiva ante la arbitrariedad y la prepotencia exhibidas ha ido calando en muchos profesionales que viven los hechos de cerca, en jóvenes y en familias que ya sufren las consecuencias de una política abiertamente destructora de todo lo público. Había que frenar la escalada de agresiones y despropósitos. Y la reacción, por fin, se ha iniciado.

El papel de los sindicatos

Hay motivos para congratularse de que sindicatos como CCOO y UGT eleven su voz contra el proceso privatizador descrito y hayan rechazado el chantaje del gobierno de Esperanza Aguirre. Pero lo cierto y verdad es que esa política de acelerada destrucción de lo público se ha venido realizando hasta ahora con un aparente consenso entre el gobierno autónomo y las organizaciones sindicales que, sin interrupción, han venido firmando pactos, (el "Acuerdo Social" , el "Acuerdo Educativo",…), utilizados con todo descaro por la Presidenta madrileña como aval social. Bajo ese paraguas se ha hecho posible el avance continuado de tan siniestros planes sin grandes resistencias, más allá de esporádicas y testimoniales protestas de "baja intensidad".

De hecho, la convocatoria de concentraciones y dos jornadas de huelga, distanciadas en el tiempo y a finales de curso, no parecía muy distinta de las ya conocidas en tiempos no tan lejanos para, una vez realizada la "demostración de fuerza" de las organizaciones sindicales, justificar la firma del siguiente acuerdo -por lo general, con leves modificaciones sobre la propuesta inicial de la Consejería- y venderlo como "ventajas arrancadas" en una "dura" negociación. La convocatoria unitaria no ponía el centro en el problema número uno y origen de todos los demás, sino en los flecos que habían quedado por negociar tras la firma del último "Acuerdo Sectorial" en octubre de 2006, una vez que se había convenido a satisfacción de ambas partes el capítulo "sindical" (liberados, subvenciones, adjudicación de cursos de formación,…). La coletilla final de la plataforma, que aludía a "la mejora de condiciones laborales y retributivas", así como a la exigencia de un "nuevo acuerdo que impulse la Enseñanza Pública… y la paralización de las privatizaciones" no podían sonar sino al consabido brindis al sol, para acallar la mala conciencia y, de paso, sumar a la puesta en escena a quienes han mostrado siempre su disposición a movilizarse cuando se trata de defender la Escuela Pública.

Desde su punto de vista, no faltaban razones a la actual Consejera de Educación, para recordar que el acuerdo suscrito por todos ellos tiene vigencia hasta 2009 y que, aparte de temas menores por resolver en ese plazo, nada le obliga a tratar en la mesa sindical reivindicaciones ajenas al acuerdo (por ejemplo, la exigencia justa de nuevos incrementos salariales) y menos aún temas "políticos" como las prioridades y planes educativos que desarrolla la Consejería.

Al margen de interpretaciones discutibles e interesadas, es evidente que la ya larga trayectoria de pactos y consensos, además de menoscabar la independencia de las organizaciones sindicales (cada vez más sujetas a fuentes de financiación institucionales), se ha convertido durante muchos años en obstáculo para la movilización y en creciente desconfianza de los trabajadores hacia dichas organizaciones. En las reuniones informativas convocadas por los sindicatos en los centros, se dejaba translucir sobre todo su seria preocupación por la "paralización de la mesa sectorial", tanto más cuanto la Administración autonómica les estaba ninguneando y mantenía bloqueados asuntos de vital interés para el propio mantenimiento de los aparatos sindicales. Por eso no es de extrañar que, sobre el chantaje de la dependencia económica, el gobierno de la Comunidad quisiera dar una vuelta de tuerca más en la sumisión a su política y conseguir una nueva firma, fácil y barata, tal como consiguió de los sindicatos más afines ANPE y CSIF, esperando una entrega posterior de los más reticentes.

Tampoco esta estrategia es nueva: primero, se propicia la subordinación e integración de las organizaciones de los trabajadores en las instituciones y, a renglón seguido, se busca su destrucción cuando, por la desafección inducida, dejan de ser instrumento útil. Es ésta una batalla permanente desde la propia creación de los sindicatos: patronal y Estado intentan asimilarlos y destruirlos, mientras que los trabajadores pugnan una y otra vez por convertirlos en punto de apoyo para su acción reivindicativa. También ahora hemos asistido a una reedición de la misma pelea de siempre y, en este caso, los trabajadores de la enseñanza pública han utilizado las tibias convocatorias sindicales para movilizarse por miles y situar en el centro sus verdaderas preocupaciones. Aunque no han faltado expresiones de reticencia respecto a las organizaciones que tenemos, ha prevalecido la confianza en las propias fuerzas y en la unidad necesaria sobre cualquier tentación de refugiarse en el sectarismo inoperante o de limitar la propia acción al simple seguidismo de las propuestas tal como las habían presentado sus dirigentes.

Las huelgas y movilizaciones desbordan las previsiones

Esta vez fallaron todos los pronósticos que auguraban un nuevo final feliz de la mesa negociadora y una nueva frustración para las aspiraciones de la mayoría. La amplia movilización en los centros y en la calle frustró la maniobra de la Consejería e hizo saltar por los aires la sagrada "unidad" sindical, que ha mantenido durante tiempo atado de pies y manos al profesorado, constituyéndose en verdadero muro de contención y obstáculo contra la unidad real de los trabajadores por las reivindicaciones que ellos sitúan en primer plano. Ha sido esa fuerza de la unidad de la mayoría la que ha dejado orillados a los aparatos sindicales que han firmado por su cuenta y riesgo la ridícula propuesta de la Consejería y ha hecho retroceder a otros ante la rebelión de los propios afiliados.

Aunque, a la larga, las repercusiones de esa política devastadora se hacen sentir en todos los sectores del sistema público de enseñanza, la amenaza más inminente y directa se cernía sobre la Educación Infantil y el status de los profesionales que trabajan en ella. Han sido ellos los primeros en responder con decisión a las convocatorias de concentraciones y huelgas, incluso cuando era poco comprensible hacerlo por separado y en distinto momento que el resto de niveles de la enseñanza, igualmente concernidos por decisiones de similares consecuencias. También han dado los primeros indicios de que una nueva leva de jóvenes profesores está dispuesta a recoger el testigo y dar continuidad a esa larga lucha desarrollada desde los últimos años de la dictadura por una Escuela pública, gratuita, laica y de calidad.

Efectivamente, el recuerdo de la gran movilización de 1987 de toda la enseñanza, traicionada en su momento más álgido, ha pesado como una losa durante un largo periodo en el que la desconfianza y el escepticismo han dado de lado a las esporádicas iniciativas sindicales, por lo demás, limitadas a pequeñas maniobras para su propia supervivencia, más pendiente de las subvenciones oficiales que de las cuotas de sus afiliados. No han faltado motivos serios para la movilización contra todos y cada uno de los gobiernos y administraciones educativas, pero ha sido necesario el paso del tiempo para que nuevas generaciones, aparentemente poco críticas con el deteriorado sistema al que se incorporaban, hayan tomado conciencia de que con el hundimiento de la enseñanza pública es su propio futuro el que pende de un hilo cada vez más débil e inseguro. La respuesta masiva que se produjo hace unos meses en Cataluña contra el proyecto de Ley Catalana de Educación, que abría las puertas a la gestión privada de los centros públicos, fue ya un claro indicio de esta recomposición. Ahora le tocaba el turno a Madrid.

Por encima de la dispersión y ambigüedad de las convocatorias, miles de profesionales de la enseñanza pública han entendido que estamos ante un peligro cierto y próximo de regresión sin límites, y que su degradación lleva aparejada la de las condiciones laborales de quienes prestan en ella sus servicios. La paciencia se ha agotado y, finalmente, se ha producido una indignada reacción ante la cadena de agresiones que hasta ahora parecían pasar sin apenas resistencia. Haciendo caso omiso de las variopintas minucias sobre las que se centraba la negociación de la Consejería con los sindicatos, el mensaje unificador de carteles y pancartas, expresado de mil maneras por la imaginación e iniciativas de los distintos centros, recuperaba la defensa instintiva de los bienes públicos más irrenunciables como la educación. Ha sido ese el eje central que, en lugar de dividir y particularizar, ha logrado atraer también a los sectores más conscientes del alumnado y de los padres comprometidos con la defensa de lo público. Por eso, si la primera jornada de huelga y concentración del día 7 logró reunir 10.000 personas ante la Consejería de Educación, el 21 de mayo fueron más de 25.000 las que desfilaron en la manifestación desde la plaza de Colón, constatándose que, junto al profesorado, se han empezado a sumar otros sectores sociales para hacer frente a las políticas de privatización de la enseñanza. La respuesta ha superado las previsiones tanto de las administraciones como de los propios sindicatos, desbordando los espacios e itinerarios previamente acordados y los limitados contenidos a los que se pretendía constreñir.

Dos preocupaciones han sobrevolado el ambiente de las huelgas y manifestaciones. En primer lugar, dejar claro que el objetivo central de la movilización es paralizar los procesos de privatización de la enseñanza. En segundo, cuál va a ser la continuidad para enfrentar seriamente tal objetivo y lograr reunir la fuerza capaz de doblegar la terca voluntad de los responsables políticos.

La misma plataforma "unitaria" adolecía, de principio, de una confusa dispersión de reivindicaciones que, aun siendo justas, tenían muy diverso alcance y parcial repercusión. Algunas de ellas eran de simple aplicación de lo ya decretado o comprometido, con lo que se les ofrecía una fácil salida tanto a la Consejería como a los aparatos sindicales que sólo pretendieran amagar para volver cuanto antes, con alguna graciosa concesión de última hora, al redil de la "normalidad". De hecho, así sucedió con la apresurada firma el 28 de abril de un acuerdo que suscribieron únicamente los dos sindicatos ya citados. Pero las razones aducidas por los no firmantes sobre la insuficiencia de los puntos acordados, y su primera propuesta de someterlos a referéndum, no dejaban de retrotraer la movilización iniciada a una discusión de menudencias en contra del impulso unitario contra la destrucción de la enseñanza pública en todas sus vertientes, que había llevado a la gente a la huelga y a la calle.

La otra pregunta en boca de todos era y sigue siendo ¿cuál es la continuidad de lo que acabamos de empezar? Porque la alegría y entusiasmo contagioso que se vivió en la calle Alcalá por la sensación de fuerza y unidad, no nos hacía perder de vista que el objetivo que nos había hecho reaccionar -echar atrás el proceso de privatización- no se va a lograr con dos jornadas aisladas de huelga y sólo en el sector de la enseñanza, cuando estamos ante una ofensiva política generalizada en todos los terrenos. Por eso, el comentario más común era el de considerar la posibilidad y necesidad de confluir con otros sectores que también estaban movilizados por las mismas o parecidas reivindicaciones, como la sanidad y otros servicios públicos, igualmente amenazados de privatización.

En esa dirección, el reciente acuerdo de CCOO, UGT, CSIT y STEM sobre una nueva plataforma que propone una serie de medidas orientadas a la defensa de la Escuela Pública, la dignificación de sus profesionales y en contra de las privatizaciones, sintoniza bastante más con lo que la mayoría ha expresado públicamente. También puede contribuir a dar nuevos pasos en el camino adecuado la convocatoria de una manifestación conjunta con otros sectores en defensa de los servicios públicos para el 16 de junio y dejar la perspectiva abierta de retomar la movilización al comienzo del nuevo curso. En esos objetivos habría que centrar todos los esfuerzos si queremos organizar el salto cualitativo necesario para ganar el reto planteado. En cambio, no ayudan a ello la vuelta a propuestas dislocadoras con todo un carrusel de convocatorias en distintas fechas, por localidades o distritos. Iniciativas, probablemente útiles para el comienzo y preparación de una movilización, pueden tener un efecto contrario de repliegue y dispersión, cuando aquélla ha llegado a una cota considerablemente alta y lo que debe ponerse como horizonte es lograr un impulso mayor.

Un nuevo movimiento, por lo grave de la situación y la incorporación a la lucha de nuevas generaciones, se ha puesto en marcha. Han empezado a multiplicarse iniciativas de organización y discusión que auguran la continuidad de lo comenzado días atrás (entre otras, la utilización de las nuevas TIC como la web Asambleajoven, el blog huelgaindefinida,…). De mantener la unidad y la decisión mostradas en los centros y en la calle depende que nuestra lucha sea efectiva y hagamos retroceder a quienes en sus dichos y hechos manifiestan un propósito destructivo de los bienes públicos que tanto ha costado levantar. Desde esta página, abierta a todos los que comparten la misma preocupación por la Escuela Pública, queremos contribuir a ello.



Colectivo Baltasar Gracián